LA OPOSICIÓN EN CUBA
Manuel Yepe
2007-08-17
Entre las muchas singularidades del proceso político
cubano y de la organización social que ha surgido de los cambios
revolucionarios que han tenido lugar en la isla está la tranquilidad social que
se respira en este país, impensable en la inmensa mayoría de los demás
naciones.
Es esto, quizás, lo que más llama la atención de los visitantes, sometidos
por casi cincuenta años a una campaña de desinformación sobre Cuba, más o
menos intensa según el lugar de donde provengan y las circunstancias, pero
siempre dirigida a desacreditarla.
Ocurre incluso que, sorprendidos por esa circunstancia,
muchos visitantes se preguntan si en Cuba existen organizaciones de oposición
al gobierno y la única respuesta posible resulta para muchos inconcebible: el
único organizador y líder que la oposición en este país es el gobierno de
los Estados Unidos de América.
Aquí no sorprenden informaciones como la recogida en un
despacho de la corresponsal de la agencia de noticias IPS fechado en La Habana
el 11 de agosto del año en curso en el que da cuenta que, por segunda vez en
menos de dos meses, la oposición cubana convocó a una conferencia de prensa en
la residencia del Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana
(SINA), Michael Parmly, para negar que en este país haya mejorado la situación
de los derechos humanos.
La ocasión anterior había sido el 22 de junio cuando, en
el propio domicilio de Parmly, los mismos “dirigentes opositores” habían
convocado a otro encuentro con la prensa.
Como es habitual en estos lances, los charlistas indicaron que las autoridades
no les habrían permitido realizar el acto en otro lugar, como anticipada
respuesta a la burla y rechazo popular de que son objeto estos líderes
oposicionistas proclamados y promovidos por la SINA.
"No tenemos ningún temor a ser llamados mercenarios", dice la nota
periodística que declaró uno de los disertantes, integrante del grupo de 75
contrarrevolucionarios sancionados a penas de cárcel en 2003 por haberles sido
probado por los tribunales el cargo de conspirar con una nación extranjera
contra la propia a cambio de pagos recibidos de la representación de los
Estados Unidos en Cuba.
Los “líderes de la oposición cubana” también
rechazaron de manera explícita -según la información de IPS- declaraciones
sobre la situación de los derechos humanos en Cuba de la presidencia de
organización Amnistía Internacional (AI) que, según ellos, “confunde las
estadísticas que muestran una disminución del número de presos con un
mejoramiento de los derechos humanos".
Hacían referencia, evidentemente, a declaraciones de la
señora Irene Khan, secretaria general de AI, quien se mostró interesada en
establecer un diálogo "constructivo" con el gobierno en funciones de
Raúl Castro tras referirse a una mejora que dijo haber notado en la situación
de los derechos sociales y económicos en Cuba, en franca contradicción con el
manipulado argumento que durante muchos años ha esgrimido Estados Unidos como
justificación para su bloqueo económico y comercial contra Cuba.
En un artículo titulado Los mercenarios cubanos de la
Casa Blanca, difundido por el portal Rebelión, el profesor, escritor y
periodista francés Salim Lamrani reconoce que “desde hace decenios, Estados
Unidos intenta por todos los medios posibles fabricar y dirigir una oposición
interna en Cuba con el fin de poner término al proceso revolucionario cubano…
numerosos documentos estadounidenses, oficiales y públicos, atestiguan esta
realidad que ningún periodista o analista político digno de su nombre puede
ignorar.”
Lamrani recuerda que la ley Torricelli de 1992 estipula
que “Estados Unidos proporcionará una asistencia, a organizaciones no
gubernamentales adecuadas, para apoyar a individuos y organizaciones que
promueven un cambio democrático no violento en Cuba” en tanto que la ley
Helms-Burton de 1996 prevé que “el presidente (de Estados Unidos) está
autorizado para proporcionar una asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a
individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para apoyar
esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba”.
Tales prerrogativas injerencistas asumidas por Washington
constituyen un atropello de los derechos de un país independiente al que
lograron imponerle todo tipo de cortapisas hasta que triunfó la revolución en
enero de 1959.
Además, constituyen razón suficiente y necesaria para
que el pueblo cubano, en su legítima defensa, rechace la certificación de
organizaciones o de grupos alineados con los objetivos del gobierno
estadounidense, encaminados a la destrucción del sistema político que con
tantos sacrificios se ha dado la nación cubana.
En Cuba, la ciudadanía disfruta del derecho cotidiano a
participar en la construcción del nuevo orden socialista, en una lucha que es
cada vez más compartida por otros pueblos de Latinoamérica. Y también tiene
el derecho a disentir, que se ejerce en las múltiples instancias del vasto e
intenso sistema participativo cubano. Pero nadie -que no sea un mercenario-
aprueba hacerlo alineado con quienes se proclaman enemigos de la independencia,
identidad y objetivos de justicia social de los cubanos, y mucho menos a cambio
de beneficios materiales.
Con razón advierte Salim Lamrani a los medios corporativos de prensa que en
todo el mundo denuestan contra Cuba que “los personajes que se esfuerzan por
presentar desde hace años como valerosos militantes de los derechos humanos no
son en realidad más que vulgares mercenarios que se venden al mejor postor.”
Manuel E. Yepe Menéndez es periodista y se desempeña como Profesor
adjunto en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana.
Tomado de Cubadebate
