Bush pretende despolitizar caso de
terrorista Posada Carriles
El
gobierno estadounidense recurre a tecnicismos para tratar el caso
del terrorista Luís Posada Carriles como un problema de inmigración,
y evitar así que afloren sus nexos con el criminal, aseguró este
viernes el prominente politólogo James Petras.
En entrevista con Prensa Latina, el académico norteamericano
precisó que la Administración del presidente George W. Bush
pretende despolitizar la controversial causa, para que no salga a
la luz la complicidad de Washington con el historial del
contrarrevolucionario de origen cubano.
"Es obvio que si Posada Carriles habla, va a implicar a toda
la política terrorista del gobierno de Estados Unidos, él no va
a aceptar ser el chivo expiatorio. No quiere pasar el tiempo en la
cárcel sin "cantar" sobre los planes terroristas en los
que está implicado él, con ellos, con los maestros, con el patrón",
afirmó.
El criminal fue arrestado el 17 de mayo de 2005 en Miami, luego de
intensas denuncias de Cuba y Venezuela sobre su ingreso ilegal a
territorio norteamericano, procedente de México.
Las autoridades judiciales de Caracas solicitaron su deportación
para juzgarlo por sus acciones, entre ellas la voladura de una
nave de Cubana de Aviación en 1976, con 73 personas a bordo, sin
embargo Washington negó el pedido.
En opinión de Petras, el caso Posada Carriles implica para Bush
un costo cada vez más alto, considerado dentro del conflicto histórico
Estados Unidos-Cuba.
"Muchos hablan de la influencia de la minoría
cubano-americano de Miami en las elecciones, sobre cómo se
comportará Florida, pero la realidad es que cada vez hay más
influencias contrarias, provenientes de 37 estados que ya tienen
comercio" con la isla, comentó.
De acuerdo con el estudioso, lo que sostiene la agresividad de
Estados Unidos hacia Cuba es el miedo a que se profundice la
debilidad de la diplomacia norteamericana, si hay un
reconocimiento de la nación caribeña.
Washington "ha perdido votos en la ONU y en la OEA sobre
Cuba. Han perdido el control de las cumbres de presidentes, como
ocurrió en Mar del Plata, y eso abre posibilidades para
profundizar la pérdida de influencia estadounidense", destacó.
Según el politólogo, también hay que tener en cuenta la
resonancia alcanzada por Venezuela en el Cono Sur, de la cual Cuba
también es parte.
Por ello hay que interpretar los ataques directos del gobierno de
Bush contra Caracas, como ataques indirectos contra La Habana,
precisó Petras.
Esa es la razón -enfatizó- de que Washington recurra en su
escalada a recursos que parecen infantiles, como situar carteles
en la Sección de Intereses norteamericana en La Habana o
"complicarle la vida a los jóvenes estadounidenses que
estudian medicina en Cuba".
Tales acciones son, además, una muestra de la impotencia de
Estados Unidos de hacer algo serio y consecuente para enfrentar a
la Revolución Cubana, sentenció.
Como parte del conflicto, Petras recordó que continúa latente la
causa de los cinco antiterroristas cubanos presos en el país
norteño, pese a que desde el 9 de agosto último la Corte de
Apelaciones de Atlanta anuló el juicio de Miami, donde fueron
condenados.
Los Cinco, como se conoce internacionalmente a Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René
González, cumplen severas condenas de prisión que van desde los
15 años hasta doble cadena perpetua.
Ahora están a la espera de que los 12 jueces de esa corte
escuchen los pronunciamientos de la defensa y la fiscalía, en una
audiencia oral fijada para este mes.
"Pero muchas presiones políticas están cayendo sobre el
juicio, no es un juicio judicial, es político, utilizando un
tecnicismo para decirlo", afirmó Petras.
Incluso, no descartó que si la Fiscalía pierde otra vez, recurra
a la Corte Suprema, en la cual existe un ambiente más favorable
con la entrada de dos magistrados conservadores a esa instancia
judicial, designados por Bush.
Lo cierto es, aseguró, que piensan prolongar el proceso de
tortura de los prisioneros, pero ello va a depender mucho de la
contundencia de la apelación.
Petras insistió en no perder de vista que en Estados Unidos
persiste "un gobierno extremista, altamente ideologizado,
altamente fundamentalista", y que el fiscal general, Alberto
Gonzáles, es quien justifica la legalidad de las torturas.
"No estamos tratando con un simple Juan González, estamos
hablando del procurador con una mentalidad fascista, realmente
fascista", concluyó.
Fuente: Enrique Torres. Prensa Latina
